Triple A desmantela 13 conexiones ilegales en la conducción Achotera
La empresa de servicios públicos Triple A continúa intensificando sus labores de control y vigilancia sobre el sistema de acueducto que opera en el departamento del Atlántico. En su más reciente jornada técnica, la compañía detectó y anuló 13 conexiones ilegales en la conducción Achotera, ubicada entre los municipios de Sabanagrande y Polonuevo, reafirmando su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la protección de la infraestructura hídrica regional.
Durante la operación, el equipo técnico de Triple A realizó un trabajo detallado para identificar acometidas irregulares que afectaban el suministro de agua potable y la presión del servicio. En total, se anularon siete acometidas de dos pulgadas, dos de una pulgada, tres de 20 milímetros y una de media pulgada, las cuales estaban conectadas de manera no autorizada al sistema de distribución principal.
Estas intervenciones se concentraron principalmente en los proyectos urbanísticos Villa Mayra 2, Villa Cecilia 1, Villa Cecilia 2, Villa Carlota, California y en el camino La Risotada, sectores donde se detectaron varias tomas ilegales que desviaban el flujo del acueducto. De acuerdo con los reportes técnicos, muchas de estas urbanizaciones son utilizadas para el parcelamiento de viviendas campestres, cuyos propietarios se estaban abasteciendo de agua sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
La empresa ha reiterado que las conexiones ilegales de agua generan múltiples afectaciones a la comunidad, entre ellas la pérdida de presión, la reducción de la calidad del servicio y la inestabilidad en la continuidad del suministro. En el caso puntual de la conducción Achotera, las irregularidades detectadas impactaban de forma directa la prestación del servicio en Polonuevo, uno de los municipios más afectados por este tipo de prácticas.
Triple A recordó que la manipulación no autorizada del sistema de acueducto no solo constituye una infracción administrativa, sino que también puede derivar en sanciones penales bajo el delito de defraudación de fluidos, tipificado en el Código Penal colombiano. Este tipo de actuaciones ilegales comprometen la seguridad operativa de la red y atentan contra el derecho de los usuarios formales a recibir un servicio eficiente y continuo.
Antes de proceder con las anulaciones, el área de Gestión Social de Triple A intentó establecer un acercamiento directo con los propietarios y administradores de los predios involucrados, realizando visitas y convocando reuniones para promover la regularización de las conexiones. La compañía también ofreció información detallada sobre los procedimientos legales para formalizar el servicio y las ventajas de cumplir con la normativa. Sin embargo, pese a los reiterados esfuerzos de contacto, los propietarios no asistieron a las reuniones ni respondieron a las llamadas realizadas por el equipo social.
Paralelamente, el área de Nuevos Servicios efectuó inspecciones en terreno con el propósito de facilitar la formalización de las acometidas y orientar a los usuarios sobre los requisitos técnicos y administrativos para acceder legalmente al suministro de agua. Estas acciones reflejan la disposición de Triple A para buscar soluciones concertadas, privilegiando el diálogo y la legalidad antes de acudir a medidas sancionatorias.
La empresa ha explicado que las conexiones ilegales no solo alteran la presión y el caudal de las redes, sino que también representan un riesgo para la calidad del agua que llega a los hogares. Al no cumplir con los estándares técnicos exigidos, estas derivaciones pueden permitir la entrada de contaminantes o afectar el equilibrio hidráulico del sistema. Además, el uso irregular del recurso hídrico repercute en mayores costos operativos y en la sostenibilidad económica del servicio.
Triple A ha venido fortaleciendo su estrategia de control de pérdidas y detección de fraudes en distintos municipios del Atlántico. Estas labores incluyen recorridos técnicos permanentes, el uso de equipos especializados y la implementación de sistemas de monitoreo en línea que permiten identificar anomalías en el flujo del acueducto. Gracias a estas herramientas, la empresa ha logrado reducir los índices de defraudación y mejorar la eficiencia del sistema de distribución.
La compañía hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier conexión ilegal o manipulación no autorizada del sistema de acueducto, a través de sus canales oficiales de atención. Los usuarios pueden comunicarse mediante la línea gratuita 116 o el número de WhatsApp 3169006116, disponibles para recibir reportes anónimos y garantizar la confidencialidad de la información.
El propósito de esta invitación, según Triple A, es fomentar la corresponsabilidad ciudadana y fortalecer la cultura de legalidad en torno al uso de los servicios públicos. Cada denuncia permite proteger la infraestructura del sistema, optimizar la calidad del suministro y asegurar que los recursos se distribuyan de forma equitativa entre los usuarios que cumplen con sus obligaciones.
La empresa también destacó que continuará ejecutando acciones de control técnico y jurídico en todo el departamento, en coordinación con las autoridades locales y los entes de vigilancia. Su meta es consolidar un modelo de gestión del acueducto más eficiente y transparente, que garantice el acceso al agua potable como un derecho fundamental y un bien público esencial.
Con este operativo, Triple A reafirma su compromiso con la lucha contra el delito de defraudación de fluidos, una práctica que afecta a miles de usuarios legales y deteriora las condiciones del servicio. La compañía insistió en que el uso responsable del agua y el respeto por la normatividad son pilares fundamentales para construir comunidades sostenibles y garantizar la preservación del recurso hídrico.
En lo que resta del año, Triple A continuará desplegando operativos en distintos puntos del Atlántico, priorizando zonas donde se han reportado alteraciones en la presión o irregularidades en el consumo. De igual manera, seguirá fortaleciendo su presencia comunitaria mediante programas de educación ciudadana, visitas informativas y campañas de sensibilización que promuevan el uso legal y consciente del agua.
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