Gobierno refuerza seguridad en nordeste antioqueño con drones y vehículos blindados
El nordeste antioqueño experimenta una reducción significativa en varios indicadores de criminalidad durante 2025, pero el Gobierno nacional anunció un refuerzo de la presencia institucional en la región para enfrentar los desafíos que persisten. Tras un consejo de seguridad en el que participaron autoridades nacionales, departamentales y locales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que llegarán drones, equipos blindados y más unidades de la Fuerza Pública a los diez municipios que conforman esta subregión de Antioquia.
Los datos presentados en el encuentro reflejan una disminución del 14 % en los homicidios frente al mismo periodo de 2024. Además, no se reportaron masacres en lo corrido del año, mientras que el secuestro cayó un 67 %, el desplazamiento forzado un 76 % y los hechos de terrorismo un 44 %. Estos resultados muestran un impacto positivo en la lucha contra los grupos armados ilegales, aunque persiste el reto de contener la extorsión, que aumentó un 7 %, y los casos de reclutamiento de menores, con un nuevo incidente registrado.
El balance de seguridad estuvo enfocado en los municipios de Amalfi, Segovia, Remedios, Yalí, Vegachí, Anorí, San Roque, Santo Domingo, Cisneros y Yolombó. Según el ministro de Defensa, en estos territorios confluyen disidencias de alias Calarcá, el Clan del Golfo y el ELN, organizaciones que sostienen disputas por el control de economías ilegales como la minería ilícita, el narcotráfico y las rentas de la extorsión. Esta convergencia criminal sigue siendo la principal amenaza para la población civil y las instituciones.
Entre las medidas inmediatas anunciadas, se destaca la llegada de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, que fortalecerá el trabajo del Ejército Nacional con siete pelotones adicionales. La estrategia busca ampliar la cobertura no solo en el nordeste antioqueño, sino también en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, regiones que mantienen dinámicas delictivas conectadas. En paralelo, la Armada Nacional desplegó tres botes de bajo calado en los ríos Nechí y Cauca, y en los próximos meses se sumarán dos más, uno financiado por el Gobierno nacional y otro por la Gobernación de Antioquia.
La Policía Nacional, por su parte, priorizará la lucha contra la extorsión. Para ello enviará diez nuevas unidades del Gaula y tres equipos de investigación criminal, con fases de acción específicas en los municipios más afectados por este delito. La estrategia se apoyará en inteligencia, trabajo comunitario y coordinación interinstitucional, bajo la premisa de que la información ciudadana es clave para debilitar las estructuras ilegales.
Otro componente fundamental de la ofensiva contra el crimen será el uso de tecnología avanzada. El Gobierno confirmó el despliegue de drones para fortalecer la vigilancia aérea, así como la implementación de sistemas antidrones para neutralizar amenazas tecnológicas de grupos armados. A esto se sumará la llegada de equipos blindados, con los que se busca enfrentar de manera más eficaz la presencia de artefactos explosivos y ataques terroristas en zonas de alto riesgo.
El ministro de Defensa señaló que estas medidas no se limitan al incremento de pie de fuerza, sino que buscan consolidar la confianza en las instituciones y mejorar la seguridad de la población civil. La articulación con la Gobernación de Antioquia, las alcaldías y las comunidades será clave para mantener la reducción de los indicadores de criminalidad y enfrentar los delitos que persisten, en especial la extorsión.
Las autoridades resaltaron que el nordeste antioqueño, históricamente golpeado por la violencia, necesita un enfoque integral que combine acciones militares y policiales con programas sociales, inversión estatal y generación de oportunidades para los jóvenes. El refuerzo en materia de seguridad se interpreta como un paso en esa dirección, aunque expertos señalan que será necesario evaluar los impactos a mediano y largo plazo para verificar si las cifras de reducción se mantienen y se consolidan en el tiempo.
El despliegue de recursos como drones, equipos blindados y refuerzos de la Fuerza Pública representa uno de los compromisos más importantes del Gobierno nacional con esta región durante el 2025. El objetivo es garantizar que los municipios del nordeste antioqueño avancen hacia escenarios de mayor estabilidad, libres de la presión de grupos ilegales y con mejores condiciones de seguridad para sus habitantes.
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