Tierras del antiguo Cartel del Norte del Valle fueron recuperadas y entregadas a la Minga Cali para impulsar la agricultura y fortalecer la economía campesina.
En un hecho considerado histórico para las comunidades rurales del Valle del Cauca, dos predios que durante décadas estuvieron asociados al Cartel del Norte del Valle fueron recuperados por el Estado y entregados a campesinos y comunidades afrodescendientes integrantes de la Minga Cali. La decisión, ejecutada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), convierte estas extensas áreas fértiles en un escenario de esperanza, producción agrícola y reivindicación territorial. La recuperación de tierras en el Valle del Cauca se consolida así como un paso clave en la lucha contra el despojo, la ilegalidad y las estructuras mafiosas que marcaron la región durante los años más álgidos del narcotráfico.
Las acciones, adelantadas en tan solo dos días, permitieron que los predios La Lorena —con 314 hectáreas— y La Gloria —con 222 hectáreas— pasaran oficialmente a manos de organizaciones rurales que llevaban más de veinte años reclamando acceso digno a la tierra. Ambas fincas están ubicadas en el municipio de Zarzal, una zona estratégica para la producción agrícola y que históricamente fue escenario de disputas de poder entre grupos ilegales.
Las recuperaciones fueron posibles gracias a operativos coordinados entre la Policía del Valle, la Defensoría del Pueblo y autoridades territoriales, garantizando que cada etapa del proceso se desarrollara con transparencia, respeto por los derechos humanos y con seguridad para todas las partes involucradas. Para la ANT, estos procedimientos son esenciales para cumplir los acuerdos pactados con las comunidades y para asegurar que los predios recuperados regresen a la función social que la Constitución les asigna.
Laura Campo, delegada de la Agencia Nacional de Tierras, explicó que la entrega de los predios representa un avance decisivo en la construcción de paz y en el fortalecimiento de la economía campesina en el Valle del Cauca. La funcionaria señaló que estas tierras están destinadas a convertirse en un polo agrícola comunitario orientado a la producción de café, maíz, plátano y cítricos, alimentos esenciales tanto para la seguridad alimentaria regional como para el abastecimiento nacional.
Se trata de un giro trascendental: los terrenos que décadas atrás fueron utilizados por grupos narcotraficantes para ocultar actividades ilegales hoy serán trabajados por organizaciones campesinas, asociaciones comunitarias y consejos afrodescendientes que buscan recuperar su arraigo cultural y económico. La recuperación de tierras en Zarzal se interpreta no solo como un acto administrativo, sino como un acto de justicia social y reparación histórica.
Según información proveniente de autoridades judiciales y registros oficiales, estos predios habían estado relacionados con estructuras del narcotráfico, incluyendo redes ligadas a Diego Montoya, alias Don Diego, líder del Cartel del Norte del Valle y uno de los capos más poderosos de la región. Tras su captura en 2007, su extradición en 2008 y su condena en Estados Unidos a 45 años de prisión, gran parte de sus propiedades pasaron a administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, su recuperación efectiva y redistribución hacia las comunidades se había retrasado debido a ocupaciones irregulares, falta de claridad jurídica y disputas legales que se extendieron durante años.
La verificación de la ANT confirmó que La Lorena y La Gloria presentaban usos no autorizados y ocupaciones sin soporte jurídico válido. Esto derivó en la decisión de aprehender los predios para garantizar que cumplieran su destinación legal: generar bienestar a través de la producción agrícola y consolidar proyectos comunitarios sostenibles.
Para las comunidades beneficiarias, la entrega significa mucho más que recibir un título o una llave. Representa una oportunidad para transformar su vida, reconstruir tejido social y crear economías propias que les permitan salir de la marginalidad. Organizaciones como la Asociación Campesina y Comunitaria Cairos del Bosque, que ahora administrará parte de los predios recuperados, celebraron la noticia como un triunfo que tardó décadas en llegar.
Uno de los beneficiarios, identificado como John*, expresó que recibir la tierra equivale a recuperar su historia familiar. Durante años, él y otros campesinos fueron desplazados o imposibilitados de trabajar en zonas dominadas por estructuras criminales. Hoy, tener acceso legítimo a estos terrenos les permite reconstruir su identidad y su vocación agraria. Para él, volver a sembrar fríjol, maíz o café no es solo un acto productivo: es un acto de memoria y de dignidad.
Las mujeres del Consejo Comunitario Brisas del Pacífico también celebraron lo que consideran un triunfo colectivo que reivindica su derecho ancestral a la tierra. Irma*, una de sus integrantes, destacó que esta entrega les permitirá volver a sembrar semillas tradicionales y producir alimentos orgánicos que forman parte de su cultura. Su mensaje fue claro: la tierra vuelve a manos de quienes la trabajan y no de quienes la usaron para actividades ilícitas.
Para el Gobierno nacional, estas entregas materializan uno de los compromisos del presidente Gustavo Petro: recuperar tierras que fueron apropiadas ilegalmente por el narcotráfico y ponerlas al servicio de la producción campesina. Con las 536 hectáreas recuperadas en Zarzal, la administración sostiene que se avanza en la restitución de derechos, en la reducción de la desigualdad rural y en la consolidación de un modelo agrario más justo y participativo.
Expertos en desarrollo rural señalan que la recuperación de estos predios tiene un impacto inmediato y tangible: fomenta el empleo, mejora la economía local, fortalece los circuitos de comercialización y promueve la soberanía alimentaria en una zona caracterizada por su riqueza natural. Además, contribuye a la estabilización territorial en una región que ha sido golpeada por décadas de violencia, desplazamiento y control ilegal.
La Minga Cali, compuesta por agrupaciones campesinas y afrodescendientes, celebró la decisión como un precedente que abre la puerta a nuevas entregas y a la consolidación de más proyectos agrícolas. Su lucha ha estado marcada por movilizaciones, diálogos y reclamaciones que hoy encuentran un resultado concreto. Para ellos, sembrar en estas tierras es un acto político, cultural y económico que reivindica su derecho a vivir dignamente.
La entrega de La Lorena y La Gloria también visibiliza el papel del Estado en la recuperación de bienes que fueron usados por el narcotráfico. En este caso, las instituciones actuaron de manera coordinada, eficiente y con acompañamiento comunitario, un modelo que el Gobierno espera replicar en otros departamentos donde existen predios en disputa o con antecedentes de actividades ilegales.
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