Congreso inicia debate del Presupuesto General de la Nación 2026
El Presupuesto General de la Nación 2026 comenzó a discutirse en el Congreso de la República, en medio de un ambiente marcado por tensiones políticas y propuestas de ajuste. El monto inicial presentado por el Gobierno asciende a 557 billones de pesos, pero la oposición insiste en que debe reducirse para evitar una reforma tributaria que, según ellos, afectaría a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La sesión se llevó a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se reunieron las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. Durante las últimas semanas, estas instancias adelantaron mesas técnicas para revisar a fondo la iniciativa, que constituye el plan de ingresos y gastos más importante del Estado colombiano.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó que el Ejecutivo está dispuesto a considerar ajustes en el proyecto. Precisó que el Gobierno evalúa una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global y, de forma paralela, un ajuste similar en el proyecto de ley de financiamiento —conocido también como reforma tributaria—, pasando de una meta inicial de 26,3 billones a 16,3 billones de pesos.
“Esta propuesta busca lograr un consenso y un acuerdo con el poder legislativo, con el propósito de tener un presupuesto y una ley de financiamiento acordada con el Congreso”, afirmó Ávila. Enfatizó además que el trámite de ambas iniciativas debe ser paralelo y articulado para asegurar la sostenibilidad financiera del país en 2026.
La oposición, sin embargo, se mantiene firme en su rechazo. El senador conservador Efraín Cepeda Sarabia sostuvo que la reforma tributaria planteada por el Gobierno afectaría directamente a la clase media y baja. Según advirtió, el proyecto incluye impuestos al consumo de gasolina, gravámenes al carbono, impuestos a las motocicletas, eventos culturales y deportivos, e incluso la posibilidad de aplicar IVA a productos de la canasta familiar.
“Con ello le estamos diciendo a los colombianos que no queremos una reforma tributaria”, expresó Cepeda. Añadió que la bancada conservadora ya radicó una proposición para reducir el Presupuesto General de la Nación en una cifra que haría innecesaria la aprobación de nuevos tributos.
En la misma línea, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, presentó una proposición respaldada por más de 30 congresistas, en la que se solicita una reducción de 26,3 billones de pesos al presupuesto planteado. Para Ramírez, la clave está en ajustar el gasto estatal antes de aumentar la carga tributaria sobre los ciudadanos.
Desde el oficialismo, en cambio, las voces han defendido la propuesta del Gobierno. La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, afirmó que el presupuesto presentado tiene como objetivos principales la activación del campo, el fortalecimiento de la educación y la salud, la garantía de seguridad para candidatos en las elecciones de 2026 y el cumplimiento de compromisos de deuda.
“En este país lo que tenemos que hacer es un acto de justicia con los sectores vulnerables”, aseguró Avella. Para ella, la discusión no debe centrarse únicamente en recortes, sino en la necesidad de que el Estado mantenga programas que favorezcan a quienes históricamente han sido excluidos.
El debate sobre el Presupuesto General de la Nación 2026 refleja la pugna entre dos visiones opuestas: de un lado, el Gobierno y su coalición que buscan un modelo de gasto expansivo orientado a la inversión social, respaldado con una reforma tributaria; y del otro, la oposición, que insiste en la reducción del gasto como medida indispensable para evitar nuevos impuestos.
Este choque político tendrá repercusiones en la agenda legislativa de las próximas semanas. Las Comisiones Económicas Conjuntas programaron nuevas sesiones para continuar con el análisis y se espera que antes de finalizar septiembre se defina la ponencia que pasará a segundo debate.
Más allá de la discusión técnica, lo que está en juego es la capacidad del Estado para financiar programas clave en áreas como educación, salud, seguridad y campo, en un contexto en el que las demandas sociales crecen mientras las restricciones fiscales se hacen cada vez más evidentes.
El presupuesto de 2026 será también una prueba de fuego para la relación entre el Gobierno y el Congreso. Si se logra un acuerdo en torno a la reducción parcial del monto y a una reforma tributaria moderada, el país podría contar con un plan financiero equilibrado. Pero si persiste el desacuerdo, el trámite legislativo podría convertirse en uno de los más tensos de los últimos años.
Para los expertos, la cifra de 557 billones de pesos representa un reto monumental en materia de recaudo. Incluso con una reducción, el Estado deberá enfrentar presiones derivadas del servicio de la deuda, los compromisos en seguridad, la financiación de programas sociales y la inversión en infraestructura.
De aquí en adelante, la clave estará en la negociación política. El Gobierno deberá mostrar apertura a las propuestas de la oposición para asegurar la aprobación del presupuesto y de la ley de financiamiento. La oposición, a su vez, tendrá que decidir si prioriza la reducción del gasto o si acepta un margen de reforma tributaria que permita financiar proyectos sociales.
En cualquier caso, el desenlace de este debate será determinante para el rumbo económico y social de Colombia en 2026. El Presupuesto General de la Nación no solo define las cifras macroeconómicas, sino que establece las prioridades políticas y sociales de un país que busca responder a las demandas ciudadanas mientras enfrenta restricciones fiscales cada vez más complejas.
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