Procuraduría investiga al alcalde de Nuquí por presuntas irregularidades en contrato tras emergencia
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Nuquí, Chocó, Rubén Prado Asprilla, y el secretario de Planeación e Infraestructura, Jhordyn Mosquera Mosquera, por presuntas irregularidades en un contrato firmado después de la emergencia ocasionada por el desbordamiento de varias quebradas en el corregimiento de Termales. El ente de control busca establecer si hubo simulación en la ejecución de las obras y un uso indebido de recursos públicos.
Según la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, el alcalde habría suscrito un contrato el 7 de junio de 2024, a pesar de conocer que las obras de contención y mitigación ya habían sido adelantadas por habitantes y voluntarios del municipio antes de la firma del documento. La investigación busca determinar si el mandatario local ordenó el pago al contratista sin que se hubieran realizado nuevas intervenciones, lo que configuraría un presunto beneficio económico indebido en medio de la situación de emergencia.
En el caso del secretario de Planeación e Infraestructura, Jhordyn Mosquera Mosquera, la investigación se centra en la certificación que habría emitido como supervisor del contrato. Al parecer, habría confirmado el cumplimiento del objeto contractual sin verificar en terreno la ejecución de las obras, pese a que tenía conocimiento de que estas ya habían sido ejecutadas por terceros.
La Procuraduría anunció que con la apertura formal de la investigación se solicitarán pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos denunciados y determinar si estos constituyen una falta disciplinaria. El proceso también analizará si los funcionarios actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad o si, por el contrario, incurrieron en faltas graves que comprometan su gestión en el municipio.
Este caso se suma a la serie de investigaciones que el Ministerio Público adelanta en diferentes regiones del país frente a posibles irregularidades contractuales relacionadas con emergencias y desastres naturales. La entidad ha reiterado que su labor es garantizar el correcto uso de los recursos públicos y velar porque las comunidades reciban la atención que realmente requieren en contextos de vulnerabilidad.
De confirmarse los hechos, el alcalde de Nuquí y su secretario de Planeación podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensiones hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos. El proceso será clave para esclarecer la transparencia en el manejo de recursos destinados a mitigar emergencias y para enviar un mensaje de control institucional en territorios históricamente afectados por la corrupción y la debilidad administrativa.
La Procuraduría insistió en que la investigación no prejuzga a los funcionarios, sino que corresponde a la etapa preliminar en la que se recopilan pruebas y se valoran las actuaciones de los investigados. No obstante, la entidad subrayó la importancia de esclarecer si los recursos destinados para enfrentar la emergencia en Termales fueron utilizados conforme a la ley y en beneficio real de la comunidad.
Acerca del autor
