Gobierno y ‘Ejército Gaitanista’ inician proceso de desmovilización en Antioquia y Chocó
El Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista anunciaron desde Doha (Qatar) el inicio formal de un proceso de desmovilización en cinco municipios de Antioquia y Chocó, con el objetivo de avanzar en la construcción de paz y en la implementación de acciones piloto que fortalezcan la confianza entre las comunidades y las instituciones. La decisión fue presentada en una declaración conjunta que marca un nuevo paso en los esfuerzos de paz del país.
Los municipios priorizados para la primera fase del proceso son Mutatá en Antioquia y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía en Chocó. En estas zonas se pondrán en marcha medidas relacionadas con el desarme, la sustitución de cultivos ilícitos, la protección de los derechos de niños y adolescentes, y la participación activa de las comunidades en el proceso. La presencia del Estado se reforzará a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el poder judicial y las autoridades locales.
Uno de los compromisos más destacados asumidos por el Ejército Gaitanista es la entrega de menores de edad en caso de que se identifiquen dentro de sus filas. Estos niños y adolescentes serían trasladados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar el restablecimiento de sus derechos. El anuncio busca enviar un mensaje claro sobre el respeto a la niñez en el marco de este proceso.
De igual forma, se acordó implementar un programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos en los municipios priorizados, un paso clave para reducir la dependencia de economías ilegales y fortalecer proyectos productivos alternativos. En paralelo, se analizarán medidas ambientales orientadas a la protección de cuencas hidrográficas, la explotación responsable de recursos naturales, la gestión de la minería y la contención de la expansión de la frontera agrícola.
La declaración también contempla un compromiso del grupo armado de no interferir en las elecciones ni en el trabajo institucional del Estado en beneficio de la población civil. Además, se reiteró el respaldo a las labores de desminado, esenciales para la seguridad y la movilidad de las comunidades en los territorios más afectados por la violencia.
Dentro de los acuerdos alcanzados se encuentra la solicitud conjunta a la Fiscalía General de la Nación para la creación de un mecanismo especial que investigue violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto busca garantizar justicia y transparencia en el manejo de posibles casos de abusos en el marco del conflicto.
Otro de los puntos centrales es la definición de un Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana adaptado a las necesidades de los municipios priorizados. La iniciativa pretende integrar la participación comunitaria, de autoridades locales, regionales y étnicas, así como del propio grupo armado en transición. Este enfoque territorial busca que la construcción de paz se dé con la participación directa de las comunidades, reconociendo su papel en la transformación social.
El Ejército Gaitanista insistió en que no debe ser caracterizado como grupo paramilitar ni neo-paramilitar, asegurando que su clasificación jurídica debe ser analizada conforme al derecho internacional, la legislación colombiana y los mecanismos de justicia transicional. La postura fue acompañada de una solicitud al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que brinde acompañamiento al proceso, lo cual le daría legitimidad y respaldo internacional.
El Estado de Qatar, anfitrión de la reunión, fue reconocido como un actor clave en el apoyo y acompañamiento a este proceso de desmovilización. Ambas partes destacaron el aporte de este país y coincidieron en la importancia de establecer nuevas fechas para continuar con las conversaciones en territorio qatarí.
La construcción de paz en Colombia ha sido históricamente un desafío marcado por la persistencia de grupos armados y economías ilegales. Sin embargo, este anuncio entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista abre una ventana de oportunidad para avanzar en el restablecimiento de la confianza en los territorios más golpeados por la violencia. Si bien el camino es complejo, los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, sustitución de cultivos ilícitos, medio ambiente y participación ciudadana representan un paso importante hacia una paz territorial sostenible.
En la medida en que este proceso avance, la atención estará puesta en el cumplimiento real de los compromisos asumidos por el grupo armado, así como en la capacidad del Estado para garantizar la presencia institucional efectiva y la protección de los derechos de las comunidades. El respaldo internacional y la participación activa de las comunidades locales se perfilan como factores determinantes para que esta iniciativa logre convertirse en un referente dentro de los esfuerzos de paz en Colombia.
Acerca del autor
