El ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, ha dicho que se han mitigado los riesgos para la población civil.
La política antidrogas en Colombia impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca un equilibrio entre la defensa de los derechos humanos de campesinos y comunidades étnicas y la lucha frontal contra las finanzas de las estructuras criminales. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, destacó que la estrategia combina la persecución al narcotráfico con inversión social, promoviendo la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y mitigando riesgos para la población civil.
Montealegre explicó que, a diferencia de gobiernos anteriores, la actual política antidrogas en Colombia privilegia la atención social mediante adjudicación de tierras, emprendimientos productivos y proyectos que permitan a las comunidades rurales transitar hacia economías lícitas. Al mismo tiempo, se fortalece la interdicción de cargamentos, el combate al lavado de activos y la cooperación internacional contra el crimen organizado.
El ministro señaló que uno de los grandes aciertos ha sido reconocer el impacto negativo de la aspersión con glifosato, que no solo demostró ser ineficaz para reducir los cultivos ilícitos, sino que provocó graves consecuencias sociales como desplazamiento forzado y afectación ambiental. La Corte Constitucional ya había advertido sobre estos riesgos y restringido su uso, lo que obligó a buscar alternativas más sostenibles y respetuosas de los derechos humanos.
En cifras recientes, la política antidrogas del Gobierno ha logrado avances significativos. Durante el último año se destruyeron 5.261 laboratorios de producción de drogas, se registraron 183 capturas con fines de extradición y se entregaron 177 delincuentes a la justicia de Estados Unidos y de otros países. Además, se ocuparon bienes de la mafia valorados en más de 125 millones de dólares. Estos golpes han debilitado a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, responsables de hechos violentos como la masacre de 13 policías en Amalfi, Antioquia.
En ese mismo contexto, la Fuerza Pública neutralizó a cabecillas como alias “Guillermino” y alias “Marlon”, señalados de graves crímenes en el país. También se logró la captura de 163 extranjeros pertenecientes al Tren de Aragua, entre ellos varios de sus principales líderes, evidenciando la dimensión transnacional del crimen organizado y la necesidad de mantener una estrategia coordinada con otros países.
El impacto económico de las acciones antidrogas ha sido considerable. Según el Ministerio de Defensa, se evitó la circulación en el mundo de aproximadamente 900 millones de dosis de estupefacientes, con un valor estimado en 29 billones de dólares. Esta cifra representa recursos que dejaron de alimentar las finanzas de los carteles de la droga y que, al mismo tiempo, refuerzan la credibilidad de la estrategia colombiana en el escenario internacional.
El presidente Gustavo Petro ha resaltado que la cooperación internacional es vital para sostener los logros alcanzados. Colombia, por su ubicación geográfica y extensión de cultivos ilícitos, sigue siendo un país clave en la dinámica global del narcotráfico. Sin embargo, el actual Gobierno busca demostrar que la política antidrogas en Colombia puede combinar resultados contundentes en seguridad con respeto a los derechos fundamentales y con un enfoque que prioriza la construcción de paz en los territorios.
Montealegre aseguró que las comunidades rurales ahora sienten un mayor respaldo del Estado, ya que los programas de sustitución voluntaria no se reducen a erradicar matas de coca, sino que se articulan con proyectos productivos sostenibles, titulaciones de tierras y financiamiento para emprendimientos locales. De esta manera, se busca que el campesino no solo abandone el cultivo ilícito, sino que logre establecer una economía legal duradera que le permita mejorar sus condiciones de vida.
Este enfoque responde también a las críticas internacionales hacia la llamada “guerra contra las drogas”, que durante décadas priorizó medidas militares y represivas con escasos resultados en reducción del consumo. En contraste, la política actual se presenta como un modelo innovador que equilibra la interdicción contra grandes estructuras del narcotráfico con la promoción de alternativas económicas en los territorios.
Para Montealegre, este cambio de rumbo constituye una estrategia más humana y efectiva. “Mitigar riesgos para la población civil es parte de la proporcionalidad en el manejo del orden público. No se puede seguir castigando a campesinos pobres mientras las grandes organizaciones criminales se fortalecen en las sombras”, señaló.
Los resultados alcanzados hasta ahora han permitido que el Gobierno presente un balance positivo frente a administraciones pasadas. No obstante, los desafíos son enormes: el país sigue teniendo más de 200.000 hectáreas de coca, según reportes recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y las organizaciones transnacionales continúan innovando en sus métodos de producción y tráfico.
El Gobierno insiste en que solo una combinación de acciones sociales, productivas y de seguridad permitirá disminuir esas cifras. Por eso, la política antidrogas en Colombia está diseñada como un proceso a largo plazo, con metas que trascienden el periodo presidencial actual y buscan consolidar una transformación estructural en los territorios más afectados por la violencia y la ilegalidad.
Al final, el mensaje del presidente Petro y de su equipo de Gobierno es claro: la lucha antidrogas no puede seguir midiendo su éxito únicamente en hectáreas erradicadas o toneladas incautadas. El verdadero logro será cuando miles de familias campesinas puedan vivir de la legalidad, cuando los derechos humanos sean respetados en los territorios y cuando el crimen organizado pierda su influencia económica y social en las regiones.
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