Senado avanza en ley contra violencia de género digital
El Senado de la República de Colombia dio un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género digital al aprobar en plenaria un proyecto de ley que sanciona la difusión no consentida de imágenes íntimas y otros delitos cometidos en entornos digitales. La iniciativa, que obtuvo 77 votos a favor, busca garantizar la protección de los derechos fundamentales a la dignidad, la intimidad y una vida libre de violencia en internet y en el uso de las tecnologías de la información. Paralelamente, la corporación avanzó en la discusión de una segunda propuesta legislativa que plantea una amnistía para campesinos deudores del Banco Agrario afectados por la violencia, desastres ambientales y problemas productivos.
El Proyecto de Ley 247 de 2024 Senado, aprobado en su trámite inicial, establece medidas de prevención, sensibilización, protección y sanción frente a la violencia de género digital, un fenómeno que ha crecido en Colombia con la expansión de las redes sociales y el uso cotidiano de plataformas digitales. La autora de la iniciativa, la senadora Ana María Castañeda, del partido Cambio Radical, subrayó que este proyecto responde a una demanda social urgente, especialmente de mujeres, adolescentes y menores de edad que suelen ser las principales víctimas de este tipo de delitos. Según explicó la congresista, se trata de un avance histórico en materia de protección de derechos humanos en los entornos virtuales, donde cada vez son más frecuentes las agresiones.
La violencia de género digital se ha convertido en una preocupación creciente para organizaciones internacionales, autoridades judiciales y colectivos feministas. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, las denuncias por difusión no consentida de material íntimo y acoso digital han aumentado en los últimos años, afectando de manera particular a mujeres jóvenes. Expertos señalan que este tipo de violencia no solo vulnera la intimidad, sino que también genera graves consecuencias psicológicas, sociales y económicas para las víctimas. Con la nueva norma, Colombia se suma a países que han endurecido sanciones contra estas conductas, como España, México y Argentina, donde ya existen leyes específicas para combatir la difusión de contenidos sexuales sin consentimiento.
El articulado aprobado en la plenaria no solo contempla sanciones penales, sino también medidas de reparación y mecanismos de prevención para evitar la revictimización de quienes denuncien. Además, se busca crear campañas pedagógicas a nivel nacional para sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso responsable de internet y las consecuencias legales de incurrir en violencia digital. En palabras de la senadora Castañeda, se trata de “una herramienta fundamental para garantizar entornos seguros y proteger a la población de un tipo de violencia que, aunque ocurre en lo digital, tiene efectos devastadores en la vida real”.
De forma paralela al debate de esta iniciativa, el Senado avanzó en el estudio del Proyecto de Ley 076 de 2024, que propone una amnistía a campesinos deudores del Banco Agrario de Colombia. Esta propuesta busca aliviar la carga financiera de miles de familias rurales que, debido a factores como la violencia armada, los siniestros ambientales, la pandemia de covid-19 o enfermedades fitosanitarias, han visto comprometida su capacidad de pago y enfrentan reportes negativos en su historial crediticio. De aprobarse, la norma permitiría a los campesinos afectados acceder nuevamente a créditos y mejorar sus condiciones de vida, impulsando así el desarrollo rural.
Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversia. Durante el debate, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, advirtió sobre los riesgos fiscales que una medida de este tipo podría representar para el Banco Agrario. Según el legislador, la amnistía implicaría un impacto financiero de más de 704.000 millones de pesos, lo que pondría en riesgo la solvencia mínima exigida a la entidad y podría obligarla a someterse a medidas de intervención de la Superintendencia Financiera. En ese sentido, Arias alertó que el banco podría no generar utilidades en el próximo ejercicio, afectando de manera crítica su capital.
Ante este panorama, la plenaria decidió conformar una comisión accidental integrada por senadores de distintas bancadas para profundizar en el análisis del proyecto. Entre los designados se encuentran Antonio Zabarain, Manuel Virgüez, Julián Gallo, Jota P. Hernández, Robert Daza, José Vicente Carreño, Wilson Arias y Richard Fuelantala. La discusión continuará en próximas sesiones, donde se evaluará cómo garantizar alivios a los campesinos sin poner en riesgo la estabilidad de la entidad financiera estatal.
Ambos proyectos evidencian la diversidad de debates que actualmente ocupan la agenda legislativa del Congreso de Colombia. Por un lado, la urgencia de adaptar la legislación a los retos del mundo digital, en el que la violencia de género ha encontrado nuevos escenarios de manifestación. Por otro, la necesidad de atender a los sectores rurales, que siguen enfrentando grandes dificultades económicas derivadas de factores estructurales y coyunturales.
Organizaciones sociales y colectivos feministas celebraron el avance del proyecto sobre violencia de género digital, señalando que representa un avance hacia la justicia y la equidad en un país donde la violencia contra la mujer sigue siendo una de las problemáticas más graves. Del mismo modo, asociaciones campesinas han pedido que se apruebe la amnistía financiera, argumentando que las deudas impagables y los reportes negativos han marginado a miles de familias del acceso a créditos, frenando la productividad agrícola.
El Congreso aún deberá debatir y aprobar en sus etapas posteriores estas iniciativas antes de que se conviertan en ley. No obstante, el mensaje es claro: el Estado busca dar respuesta tanto a los retos de la era digital como a las necesidades históricas del campo colombiano. En este camino, la protección frente a la violencia de género digital y el respaldo a los deudores rurales se posicionan como prioridades legislativas que podrían transformar de manera significativa la vida de miles de ciudadanos.
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